Un caso similar al del polémico trasplante terminó al revés

Casi en simultáneo, en la Justicia provincial se analizaron dos amparos sobre casos muy similares en los que se solicitaba autorizar un trasplante de riñón de donante vivo, aunque el resultado fue diametralmente opuesto.

En el caso más conocido, el juez en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de Córdoba, Gustavo Massano, autorizó que un joven de 28 años done un riñón a un hombre de 67 años, que es padre de un amigo y empleador suyo. La fiscal Alicia García de Solavgione se opuso porque sospecha que el potencial donante puede haber estado influido por la promesa de recibir una moto, un auto o de ser incorporado como heredero en un testamento.

La sentencia fue firmada el 29 de abril. En cambio, un poco antes, el 26 de marzo, en el juzgado de 17ª Nominación, a cargo de Verónica Beltramone, en otro amparo solicitado para que se autorice a el trasplante de riñón de un donante vivo, se rechazó el procedimiento.

El punto central es que la ley autoriza el trasplante entre vivos cuando son parientes o cónyuges, pero obliga a una instancia judicial cuando no lo son, para evitar que exista algún trato económico. En el marco de esta coincidencia de causas judiciales con diferente resultado es que en el Tribunal Superior de Justicia se analiza un proyecto para crear un registro judicial de amparos para trasplantes entre donantes vivos.

De hecho, según confirmaron dos fuentes judiciales a La Voz del Interior , en una ocasión reciente se detectó que un potencial donante, que supuestamente se ofrecía por motivos altruistas y afectivos, estaba en análisis para dos pacientes renales diferentes.

En el caso que fue autorizado a fines de abril –la apelación fue rechazada y la fiscal analiza ir en queja a una Cámara en lo Civil y Comercial–, el paciente espera recibir el riñón de un joven que es amigo de su hijo y trabaja en un boliche suyo de Nueva Córdoba.

Empleado

En el amparo que no prosperó, un hombre de unos 60 años pretendía recibir un riñón de un empleado suyo, de unos 40 años. En un primer momento, el potencial donante decía que administraba uno de los dos lubricentros que tenía en Córdoba su padre. Pero en otra circunstancia terminó admitiendo que era empleado del paciente que espera el órgano.

También surgió la posibilidad de un arreglo económico, cuando la familia del peticionante dijo en una audiencia que “de surgir algún inconveniente como consecuencia del trasplante están dispuestos a ayudar” al donante.

A instancias de la fiscal García, que actuó en las dos causas, la jueza Beltramone rechazó la solicitud. Dijo que “resulta imposible autorizar una ablación cuando no existe la seguridad que la decisión de donar un órgano ha sido tomada en forma consciente, razonada, libre y sin que se vislumbre interés económico alguno”.

“En razón que es un deber de los jueces (...) desalentar el comercio de órganos”, sentenció.