POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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El juzgado Sexto de Primera Instancia Penal programó para el 14 de diciembre la audiencia en la que se decidirá si Juan de Dios Rodríguez, exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otros 16 sindicados, deberán enfrentar juicio por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones a la empresa Pisa.
Esto, luego de que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal resolvió rechazar varios recursos de apelación presentados por la defensa de los sindicados, en los que señalaban supuestos errores en la carpeta judicial a cargo de la jueza Silvia de León.
El pasado 26 de mayo fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva los 17 implicados en el caso por los delitos de asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, fraude y cohecho activo.
Según las investigaciones, Pisa fue contratada por el IGSS para prestar servicios de diálisis peritoneal a pacientes renales afiliados a dicho Instituto, pese a que no contaba con la infraestructura ni la experiencia para atender la demanda.
De acuerdo la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), de 530 pacientes atendidos por Pisa, 235 tuvieron algún tipo de complicación justo después de empezar a ser tratados por Pisa.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señala que Otto Fernando Molina Stalling, hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y Herberth García Granados, coordinaron con funcionarios del IGSS y con el representante de Pisa, Ramiro Lorenzana Ortiz, para que la empresa ganara una licitación por Q116.2 millones.
La Junta Directiva del IGSS, en ese entonces presidida por Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, firmó los documentos de autorización para la contratación de Pisa, pese a que era evidente la falta de capacidad de la empresa.
Hasta el 11 de septiembre pasado, la PDH atribuyó la muerte de al menos 36 pacientes renales al supuesto fraude.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida aún no ha presentado resultados de las investigaciones iniciadas para deducir si existió responsabilidad de los sindicados en las muertes mencionadas.
En repetidas ocasiones Pisa se ha desligado de dichos señalamientos, atribuyendo los fallecimientos a la enfermedad e indicando que el primer año de tratamiento pueden fallecer hasta 30 por ciento de los pacientes atendidos en cualquier institución pública o privada, y que el porcentaje baja una vez éstos han dominado la técnica y los procesos de limpieza y desinfección.