Cada sábado durante casi dos meses, la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de Guatemala se ha desbordado con miles de manifestantes que demandan el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
La mayoría son jóvenes de clase media, de la generación de los teléfonos celulares, y organizan las manifestaciones sin líderes a través de las redes sociales. Pero en estas marchas también se puede ver a sacerdotes o monjas hombro con hombro con empresarios, y a estudiantes junto a amas de casa, en lo que los analistas llaman ya una movilización de masas sin precedentes que incluso ha cruzado las líneas socioeconómicas, políticas y de clase.
Enfurecidos por las revelaciones recientes de escándalos de corrupción y envalentonados por el encarcelamiento de decenas de sospechosos e incluso por la renuncia de la vicepresidenta, los manifestantes no muestran signos de cejar en su empeño. Y han ido incrementando la presión sobre el gobierno, que culminó esta semana con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar luz verde a una investigación del Congreso que podría declarar un juicio político contra Pérez Molina.
“Es una expresión de frustración acumulada... que finalmente encontró una forma de expresarse públicamente y de forma masiva”, dijo Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala y ex ministro de Relaciones Exteriores. “Hay gente de muchos sectores de la sociedad hartos de la corrupción”.
Ayer el Congreso nombró por sorteo a cinco diputados, cuatro de la oposición y uno del partido oficial, que conforman la comisión que evaluará la participación del mandatario en los actos de corruptela y el levantamiento de su inmunidad.
Pérez Molina no ha sido implicado en ningún delito e insiste en que su intención es cumplir el resto de su mandato que termina a principios del 2016. Pero de todas formas los manifestantes le culpan porque los involucrados pertenecen a su círculo cercano.
La primera bomba llegó en abril, cuando las autoridades desarticularon una estructura incrustada en las aduanas en la que funcionarios y particulares presuntamente recibieron sobornos de empresarios para bajar los aranceles sobre las importaciones. Juan Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, está acusado de liderar la estructura. Monzón es ahora prófugo de la justicia y a Baldetti le inmovilizaron las cuentas bancarias, le allanaron sus propiedades y no puede salir del país.
Semanas después, la nación fue sacudida por un segundo escándalo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el que funcionarios supuestamente otorgaron un contrato de $ 15 millones para tratar a pacientes renales a una empresa que carecía de licencias de salud. Al menos 13 pacientes han muerto desde entonces.
Ambos escándalos quedaron expuestos con la ayuda de una comisión de la ONU que investiga las redes criminales, por la debilidad y corrupción del sistema judicial guatemalteco.
En un intento por aplacar la indignación en las calles, Pérez Molina ha aceptado la renuncia de varios funcionarios del gabinete -incluido el poderoso ministro del Interior-, despedido a otros y ha iniciado una revisión de algunos contratos del gobierno. El Congreso creó comisiones para examinar reformas legales, políticas y sociales.
En las marchas, no hay escenarios, sistemas de audio ni políticos que pronuncien discursos. Los manifestantes levantan los puños, cantan el himno nacional y portan banderas del país y carteles que critican a la élite política con gritos de “¡Basta ya!”.(I)