Bajo el argumento de que existe hacinamiento en el edificio central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el ex subgerente administrativo Álvaro Dubón ordenó, en mayo de 2014, el arrendamiento de un viejo edificio ubicado en la 6a. avenida 9-52, de la zona 9, el cual se encontraba en pésimas condiciones.
Carlos Franco, de la Subgerencia Administrativa del IGSS, explicó que la decisión se tomó a raíz de un dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que reportaba el hacinamiento del personal.
Fue así como la empresa Coral Gables Business Group, S. A. presentó su oferta al Seguro Social, indicando que tenía disponibilidad para arrendar el viejo edificio Gran Vía, que albergó las oficinas del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
El contrato se suscribió el 23 de junio de 2014 por US$30 mil mensuales y un plazo de cinco años prorrogables. El contrato total asciende a US$1 millón 799 mil. Franco aseguró que el IGSS tomó posesión del inmueble a partir del 2 de junio.
Este arrendamiento fue autorizado por la Junta Directiva del IGSS el 12 de junio de 2014, durante una sesión extraordinaria. La contratación se realizó por excepción (no hubo proceso de licitación y competencia con otros oferentes).
Aunque desde el 2 de junio recibieron las instalaciones, para septiembre aún no se habían ocupado a pesar de la “urgencia” de más espacio y de firmar el contrato. Pese a comprometer el pago de cuatro meses de renta, las autoridades del Seguro Social aun no definían qué oficinas instalarían en el edificio.
El contrato de arrendamiento se suscribió entre el IGSS y Coral Gables Business Group el 27 de junio de 2014, pese a que se tomó posesión del inmueble desde el 2 de junio.
Elevadores dejan de funcionar
En septiembre, los viejos ascensores del edificio empezaron a fallar; los planes de trasladar las oficinas se postergaron. La empresa le respondió al IGSS, el 8 de octubre pasado, que realizaría las reparaciones necesarias.
Posteriormente, se pensó en trasladar el Hospital de Enfermedades de la zona 9, ya que este servicio también se encuentra saturado, explicó Franco. Después se tuvo la idea de mover al inmueble la Unidad de Pediatría, agregó.
Estos planes se frustraron debido a que los elevadores colapsaron definitivamente. El 8 de diciembre, la Subgerencia Administrativa le requirió a Coral Gables Business que realizará las gestiones de reparación de dicho equipo.
La empresa respondió el 12 de diciembre indicando que lamentaban los inconvenientes con los elevadores, pero que estos presentaban un daño severo en las tarjetas electrónicas por lo que evaluaban la posibilidad de reemplazarlos por unos nuevos, sin embargo, solicitarían al proveedor entregar los viejos como parte del pago ya que se trataba de una inversión bastante onerosa.
El 18 de febrero, la Subgerencia Administrativa le externó a Coral Gables su preocupación porque “aún no se han instalado los nuevos ascensores que releven a los desmontados o en su defecto la reinstalación de los mismos… lo que ha causado demora en lo proyectado por el Instituto en el uso del inmueble”.
Arrendatario incumple
Pasaron tres meses exactos, hasta que el 18 de mayo pasado, la empresa le comunicó al IGSS que los viejos elevadores retirados no podían ser reinstalados en el corto plazo y que su proveedor les informó que les tomará más de seis meses contar con los reemplazos debido a las medidas y especificaciones.
Para esta fecha, el IGSS ya había cancelado 11 rentas por un monto total de Q2 millones 246 mil 88.76 a la empresa Coral Gables, sin que hubiera podido utilizar el inmueble. Además de gastar Q146 mil 498.20 en reparaciones y mantenimiento realizados al edificio, como pintura y otros rubros.
El 19 de mayo, un día antes de que la Junta Directiva del IGSS y Dubón fueran capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), tras una investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por la concesión anómala de un contrato a Droguería Pisa, que causó la muerte de 12 pacientes renales, la Subgerencia Administrativa le comunicó a Coral Gables que trasladaría el caso al Departamento Legal, para proceder a la ejecución de la fianza de US$179 mil 900 que respalda el contrato.
La primera dirección que registró Coral Gables es la misma de Halifax, S.A., la sociedad propietaria del helicóptero TG-PES, un regalo de Roxana Baldetti para Otto Pérez Molina.
El 27 de mayo, Coral Gables le solicitó al IGSS una reunión para tratar de llegar a un acuerdo para resolver el inconveniente y propusieron cancelar el diez por ciento del contrato que equivale a la fianza, ya que su ejecución les afectaría. La fianza de caución está respaldada con garantía hipotecaria sobre los inmuebles.
El 17 de junio pasado, la Subgerencia Financiera le solicitó al Departamento Legal una opinión jurídica sobre el caso y cómo resarcir totalmente al IGSS de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del arrendatario Coral Gables.
En total, el IGSS le canceló a Coral Gables 11 rentas por un monto total de Q2 millones 246 mil 88.76 e invirtió Q146 mil 498.20 en mejoras del edificio. Inclusive los últimos pagos a Coral Gables se realizaron el 6 de mayo pasado. El Departamento de Inversiones estableció además un perjuicio de Q81 mil 224.76 por los intereses que se dejó de percibir de haber invertido el dinero pagado en los arrendamientos en los bancos del sistema.
Ejecutan fianza
El Departamento Legal analizó el caso y opinó que debía ejecutarse la fianza establecida en el contrato, con la finalidad de evitarle al IGSS acciones legales y posibles reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por malos procedimientos administrativos.
El 22 de junio, la Subgerencia Financiera eleva esta opinión a la Gerencia General para que la haga del conocimiento de la Junta Directiva, solicitando la aprobación para que se ejecute la fianza y se proceda a rescindir el contrato de arrendamiento.
El 23 de junio, el gerente Óscar García Muñoz le autoriza a la Subgerencia Administrativa para que inicie el proceso respectivo para procurar el resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados por parte del arrendatario. Ese mismo día, la Subgerencia Financiera le envía el expediente al Departamento Legal para realizar las diligencias para hacer efectiva la fianza y resarcir los daños y perjuicios al Seguro Social. Proceso que solicita el 26 de junio.
El 30 de junio la Aseguradora Fidelis, S. A. cancela al IGSS la fianza de Q1 millón 371 mil 651.15 (equivalente a US$179 mil 900); sin embargo, la empresa Coral Gables aún mantiene una deuda con el Seguro Social por Q1 millón 102 mil 160.57. La entidad Coral Gables manifestó que está anuente a cancelarle dicha suma al IGSS, pero solicitó un convenio de pago para hacerlo en 24 meses.
elPeriódico intentó entrevistar a Enrique Regás Castillo, representante legal de Coral Gable Business Group, sobre cuándo haría efectiva la restitución del dinero pendiente por concepto de arrendamientos y daños y perjuicios. En una primera oportunidad indicó que estaba anuente a dar una entrevista, sin embargo, la canceló e indicó que no estaba autorizado para dar declaraciones.
A la fecha, los agentes de seguridad contratados por el IGSS siguen resguardando el edificio, en lo que se procede a rescindir el contrato y entregar el inmueble.
Empresa desconocida
La entidad Coral Gables Business Group, S.A. fue creada el 19 de octubre de 2012 por el notario José Arenales Farner. Como socios fundadores figuran Oswaldo Enrique Balaña Portillo y Marta Helena López Chojolan. Con un capital de Q10 mil.
Su primera dirección reportada fue la 9a. avenida 21-86, zona 11, Residencial Los Almendros 2. Esta dirección es la misma reportada por la empresa Halifax Limited, S.A., que figura como arrendataria del helicóptero TG-PES el cual fue inmovilizado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por sospechas de que fue comprado por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, para regalárselo al presidente Otto Pérez. elPeriódico visitó dicha dirección y constató que se trata de una vivienda abandonada.
Posteriormente Coral Gables se trasladó a una oficina en el edificio Domani, zona 15, donde opera una empresa llamada Inversiones y Petróleos del Sol, S.A., la cual fue creada en junio de 2013 y le ha vendido combustible al IGSS, al Ministerio de Salud Pública y a la Municipalidad de San José Acatempa, Jutiapa, por un monto de Q7.9 millones, según el portal de Guatecompras.
En diciembre pasado, Coral Gables cambió su domicilio a una oficina virtual en el edificio Euro Plaza, zona 14; se trata de una oficina que alquila espacios por hora y recibe correspondencia de personas y empresas que contratan sus servicios.
La empresa ha tenido cuatro representantes legales en apenas dos años y medio de operar. Estos han sido: Oswaldo Enrique Balaña Portillo, Herbert Emilio Chuy Catalán, Rebeca Cordón y Enrique Leopoldo Regás Castillo, quien funge como gerente general desde el 2 de diciembre pasado.
Fuentes del IGSS sospechan que detrás de Coral Gables Business Group, S.A. y el edificio estaría Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social, actualmente en prisión, y un alto funcionario del Ejecutivo, quienes le habrían comprado su participación en el inmueble a la familia de Obdulio Solórzano.
El edificio Gran Vía fue arrendado por Fonapaz entre 2008 y 2012.
El edificio de Obdulio Solórzano
El edificio Gran Vía fue ocupado anteriormente por el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), durante la gestión de Obdulio Solórzano, quien en julio de 2008 decidió su traslado a este edificio, para lo cual el Fondo realizó una importante inversión para dotar al inmueble de un sistema contra incendios, aire acondicionado, pintura exterior y mobiliario.
El 9 de abril de 2009, Fonapaz suscribió un contrato con Tarraspana, S.A. (anterior propietaria del inmueble) renovando el alquiler del edificio por un plazo de cinco años prorrogables por Q188 mil 125 mensuales.
Un exfuncionario que laboró en Fonapaz comentó que desde el inicio notaron una relación estrecha entre Tarraspana y Solórzano, quien fue destituido por el presidente Álvaro Colom en junio de 2009 debido a sospechas de vínculos con el narcotraficante Ottoniel Turcios, capturado en Belice en octubre de 2010 y extraditado a EE. UU., donde enfrenta un proceso por enviar cocaína a ese país.
La fuente indicó que cuando Fonapaz se atrasaba en el pago de la renta quien llegaba a requerir el pago era el mismo Solórzano. Las autoridades de Fonapaz consultaron al Ejecutivo si podían trasladar las oficinas a otro inmueble, pero recibieron un no rotundo para evitar problemas con Solórzano.
Solórzano fue asesinado en julio de 2010; el cobro de la renta del edificio recayó en sus abogados.
En julio de 2012, Armando Paniagua, entonces director de Fonapaz, decidió rescindir el contrato con Tarraspana y trasladar las oficinas a otro inmueble en la zona 9; el edificio quedó abandonado hasta que el IGSS decidió arrendarlo.
El 19 de diciembre de 2013, Tarraspana le traspasa la propiedad a Coral Gables Business Group, S. A. como aporte de un aumento de capital. El inmueble fue justipreciado en Q1 millón 990 mil, según escritura faccionada por el notario Rodrigo Cano Morales.