La primera alerta sobre la grave y riesgosa situación que padecían 90, de 540 personas con enfermedades renales atendidas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), surgió de Acción Ciudadana.
El 24 de febrero, la ONG denunció cómo Droguería Pisa de Guatemala, S.A. contratada para ofrecer el servicio de diálisis peritoneal ambulatoria incumplía los requerimientos de higiene y esterilización indispensables para atender a los pacientes y cambiarles el catéter para suministrarles el medicamento.
La empresa no contaba con espacios propios para este propósito. Los enfermos eran atendidos en el hospital Las Américas, zona 14, sin que allí alguien conociera su ficha médica, la cantidad de medicamentos que requerían o que los orientara un nefrólogo o un especialista en problemas renales.
La compañía ganó un proceso de licitación el 10 de septiembre de 2014, pero, con el aval del IGSS subcontrató a la compañía Medicina Corporativa de Diálisis S.A., responsable del hospital Las Américas, que tampoco llenaba los requerimientos.
infecciones peritoneales
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, explicó en su momento que estas carencias provocaron infecciones peritoneales en 90 pacientes, asociadas al cambio del catéter y tres personas fallecidas, que previo habían intentado buscar ayuda en el IGSS.
El 12 de marzo, el cuadro empeoró y Acción Ciudadana de nuevo pidió a las autoridades del Seguro Social investigar lo ocurrido con los enfermos renales. La demanda tampoco fue escuchada.
Mientras, aumentaba el número de personas con infecciones peritoneales. La oficina del Procurador de los Derechos Humanos contabilizó 106 casos. En tanto, la Fundación de Pacientes con Diálisis Peritoneal denunció 11 fallecidos.
Un mes más tarde, Reyna Elizabeth Santos Morales, Elizabeth Pérez de la Cruz y Miriam Consuelo Ramos presentaron una denuncia en el Ministerio Público contra el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, tres subgerentes y el representante legal de Pisa Guatemala S.A., Carlos Revolorio.
Las tres mujeres son parientes de los primeros tres pacientes fallecidos a causa del cambio de tratamiento.
Violaron el derecho a la vida y la salud
Claudia López David, procuradora adjunta I de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, firmó el 11 de mayo último una resolución que declaraba que tanto los integrantes de la Junta Directiva del IGSS como representantes de la Droguería Pisa violaban el derecho a la vida y la salud de los enfermos renales que requerían tratamiento de diálisis peritoneal.
"Siempre hemos dicho que la corrupción mata y este caso lo demuestra. Es inhumano lo que pasó, y hoy hay todavía 90 pacientes en riesgo de muerte”.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.