Acciones judiciales contra candidata y un cacique político
El Ministerio Público (MP) dio a conocer ayer una solicitud de antejuicio contra la candidata presidencial Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), así como la desarticulación de una red supuestamente encabezada por el diputado Baudilio Hichos, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), contra quien también se solicitó el retiro de la inmunidad.
En conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, indicó que el expediente de Torres, que se inicia con una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “por posibles delitos electorales”, será trasladado a la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia del TSE incluye a Julio Recinos, candidato a alcalde de Mazatenango, Suchitepéquez, luego de establecerse “la existencia de la impresión de volantes o vales donde aparecen las fotos de ambos candidatos canjeables por materiales de construcción a partir del 7 de septiembre de 2015”, es decir, al siguiente día de la convocatoria a las urnas.
Aunque se desconocen los detalles del presunto ilícito, lo más saludable para el atípico proceso electoral de este año, signado por la exigencia ciudadana de reforma política profunda, es que las instituciones de justicia no den cabida a la especulación y resuelvan apegadas a derecho y sin dilación.
En abril pasado la jefa del Ministerio Público anunció la creación de la Fiscalía de Asuntos Electorales, la cual ha sido fortalecida, y que eventualmente se encargaría de investigar a Torres si se declara con lugar el antejuicio.
En el caso de Hichos, conocido cacique político de Chiquimula, la petición de antejuicio es planteada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En la misma rueda de prensa se informó de la captura de cinco personas vinculadas a delitos en el arrendamiento de un edificio, propiedad del congresista, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los detenidos son señalados de integrar una “estructura criminal”, de la cual el parlamentario sería parte y que otra vez involucra a funcionarios del Seguro Social, cuya Junta Directiva fue “descabezada” el 20 de mayo, al ser arrestados todos sus integrantes por un supuesto fraude en la adjudicación de un contrato para atender a pacientes renales crónicos.
Según el MP y la Cicig, para lograr el arrendamiento de su edificio, Hichos habría incurrido en asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. El parlamentario afirma que enfrentará a la justicia, lo que tendrá que alternar con su función de presidente de la comisión pesquisidora del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.