POR REDACCIÓN LA HORA
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) asestaron duros golpes al crimen organizado este año. Ahora, es el turno del Organismo Judicial hacer su trabajo para administrar justicia en cada uno de los casos. ¿En qué situación se encuentran los detenidos? ¿Qué sucedió después de sus capturas? ¿Aún hay capturas pendientes? Aquí los detalles de los casos que sacudieron al país este 2015.
CASO “LA LÍNEA”: A MITAD DE CAMINO
Las investigaciones señalan al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti como los líderes de una estructura de defraudación aduanera, denominada “La Línea”.
Con la participación de ambos mandatarios, la organización criminal cooptó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el objeto de facilitar sus operaciones delictivas en las distintas aduanas del país.
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Por este caso hay otras 37 personas detenidas, entre ellas, los dos últimos titulares de la SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco. Los señalados están a la espera de una nueva audiencia en enero, en la cual se decidirá si irán a juicio por los hechos señalados. En esta investigación hay alrededor de 17 personas pendientes de captura.
En fecha reciente el MP señaló a 50 empresarios importadores como usuarios de “La Línea” y solicitó que fueran llamados a declarar. El juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a 20 de ellos y les otorgó libertad condicional. El juez dio seis meses de investigación a la fiscalía.
El próximo 18 de enero de 2016, el juez Miguel Ángel Gálvez convocó a una audiencia para decidir si los señalados en el Caso “La Línea” –incluidos Pérez Molina y Baldetti– deberán enfrentar juicio; sería la primera ocasión en que el expresidente y la exvicepresidente se encontrarían en los tribunales.
IGSS-PISA: POR SOLICITAR JUICIO
De acuerdo con las investigaciones, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada presidenta de la Cámara Penal y Herberth García Granados, coordinaron las negociaciones con Ramiro Lorenzana Ortiz, representante de la empresa Pisa y personal del IGSS para que la empresa ganara una licitación por Q116.2 millones, aunque no cumplía con los requisitos mínimos para atender a los pacientes.
Los 17 sindicados en este proceso, entre ellos, Juan de Dios Rodríguez, el expresidente de la Junta Directiva del IGSS, permanecen en prisión preventiva y enfrentarán audiencia de apertura a juicio el próximo 18 diciembre.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida aún no ha presentado ninguna acción contra los señalados por la muerte de pacientes renales, presuntamente a raíz del tratamiento de dudosa calidad.
IGSS CHIQUIMULA: ANTEJUICIO ESTANCADO
Los investigadores señalan que el diputado Baudilio Hichos López negoció de forma ilegal la adjudicación por excepción de un contrato por Q2.1 millones a la empresa Comercial & Constructora Siboney, S.A., para el remozamiento del edificio Plaza Minerva, en Chiquimula, el cual funcionaba como sede del IGSS. Tanto la empresa arrendataria, como la constructora estaban vinculadas al congresista.
Mientras los cinco señalados podrían ser enviados a juicio el 18 de diciembre, el antejuicio contra Baudilio Hichos sigue sin ser resuelto, debido a las numerosas acciones legales interpuestas por el diputado.
FRAUDE EN LA PNC: SIGUE INVESTIGACIÓN
Héctor Rodríguez Heredia, ex subdirector de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), fue detenido junto a diez personas más, implicadas en una estructura de corrupción que desvió Q52 millones de la institución policial, informaron fuentes oficiales.
Las investigaciones detallan que los señalados sobrevaloraron los servicios y los productos que se necesitaban y utilizaron empresas fantasma para desviar los recursos, que posteriormente fueron trasladados a cuentas propias y de familiares en el exterior.
Este caso está a la espera de ser llevado a juicio.
DIPUTADOS: ANTEJUICIOS SIN RESOLVER
En julio, el MP y la CICIG presentaron cuatro antejuicios contra los diputados Mirza Arreaga, Luis Chávez, Mario Yanes y Mario Rivera, de Libertad Democrática Renovada (Lider).
Según la información, los diputados Chávez y Arreaga habrían intentado negociar la adjudicación de proyectos para sus empresas con el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, quien los denunció en junio pasado. Asimismo, Yanes solicitó al ministro plazas en el Mides para sus allegados y láminas para entregar a sus electores.
El antejuicio contra Rivera es por posible enriquecimiento ilícito; presuntamente el diputado adquirió inmuebles que sobrepasan su capacidad adquisitiva.
Los tres antejuicios siguen estancados en el Organismo Judicial debido a que los congresistas solicitaron separar a sus respectivos jueces pesquisidores del caso, por lo que el expediente regresó a la Corte Suprema de Justicia para evaluar la petición.
ARNOLDO MEDRANO: TRES MESES SIN FALLO
El alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, enfrenta antejuicio por asociación ilícita, concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos, por supuestamente beneficiarse de fondos públicos a través de empresas vinculadas a sus familiares.
El antejuicio contra Medrano inició con una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por transacciones sospechosas en la que detalla que el jefe edil se apropió, mediante varios mecanismos, de fondos de la municipalidad de Chinautla.
En este caso, la Sala Segunda de Apelaciones no ha recibido el informe del juez pesquisidor, pese que ya pasaron casi tres meses de que fue planteado el antejuicio.
Medrano fue ligado a proceso por otro caso de corrupción, pero fue liberado bajo fianza de Q800 mil por el juzgado Tercero de Primera Instancia Penal.
CASO REDES: EMPRESARIOS PRÓFUGOS
Este caso es una trama de tres eventos de tráfico de influencias donde el común denominador es César Medina Farfán, señalado como el vínculo entre empresas e instituciones públicas.
Por este caso están ligados a proceso Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia; Edwin Rodas, exviceministro de Energía y Minas; Carlos Muñoz, exintendente de la SAT, y cinco personas más.
Rodas obtuvo libertad condicional el pasado 23 de noviembre. La jueza Judith Secaida rechazó beneficiar de la misma forma al resto de implicados, quienes permanecen en prisión preventiva.
La audiencia donde se conocería si deberán ir a juicio por los hechos imputados estaba programada para el pasado 26 de noviembre; sin embargo debido a modificaciones en la agenda del juzgado se postergó para diciembre.
El antejuicio contra el juez José Luis Patán por participar de la red de tráfico de influencias sigue sin ser resuelto.
Por este caso se encuentran prófugos: Ernesto Córdova, representante de la empresa generadora Jaguar Energy; Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas, S. A., y Williams Esteban Arbizú Luna, jefe de Asuntos Jurídicos de la misma.
BUFETE DE LA IMPUNIDAD: JUEZA A PRISIÓN
Los investigadores del MP y de la CICIG pudieron determinar, a través de la interceptación de llamadas telefónicas, que los cabecillas de “La Línea”: Salvador González, alias “Eco”; Francisco Ortiz, conocido como el “Teniente Jerez”, y Miguel Lemus, pactaron con la jueza Marta Sierra de Stalling un pago para recibir medidas sustitutivas a la prisión preventiva y recuperar su libertad.
Por este caso también enfrenta proceso Roberto Stalling Sierra, hijo de la jueza, quien presuntamente fue la conexión entre el “Bufete de la Impunidad” y la funcionaria.
El MP ya presentó la acusación formal y está a la espera de una audiencia de etapa intermedia, en la que solicitará juicio contra los procesados.
La jueza Sierra de Stalling, quien gozaba de medida sustitutiva, deberá regresar a prisión por orden de la Sala Primera de Apelaciones.
Por este caso sigue prófugo Luis Mendizábal, empresario que supuestamente intermedió entre los señalados y la jueza.
LAVADO Y POLÍTICA: DOS DIPUTADOS SIGUEN CON INMUNIDAD
El MP acusa a once personas de integrar una estructura de lavado de dinero, la cual financiaba a partidos políticos con dinero producto del narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones, esta red era dirigida por Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, un conocido empresario de Asunción Mita, quien contaba con la asesoría de Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, y los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez, para desviar las investigaciones de las entidades fiscalizadoras.
Edgar Barquín fue ligado a proceso y beneficiado con libertad condicional. En tanto, los antejuicios contra Barquín y Martínez estuvieron detenidos por semanas debido a una recusación interpuesta contra el juez contralor.
NEGOCIANTES DE SALUD: SIN RASTRO DE ALEJOS
De acuerdo con las investigaciones, los 11 sindicados pertenecían a una red dedicada a la adjudicación anómala de contratos para la compra de medicamentos y servicios médicos en el IGSS.
Juan Pablo Muralles Morán, Alejandro Enrique Toledo Paz y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara son señalados como los principales negociadores de la red.
Continúan prófugos el médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas y Alejos Cámbara, quien fue incluido en el listado de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El caso siguen en etapa de investigación y mientras tanto, solo 2 de los procesados están en prisión preventiva.
JUECES: ENTRE LA PRISIÓN Y LA LIBERTAD
La jueza Jisela Reinoso Trujillo y el magistrado Erick Santiago de León, de la Corte de Apelaciones, fueron capturados por su presunta participación en actos de corrupción.
Según informes del MP, el magistrado Erick Santiago de León está sindicado de cohecho pasivo por intentar cobrar una comisión de Q10 millones, a cambio de un fallo favorable para una empresa que debía pagar Q93 millones como multa.
Por este caso ya fueron enviados a juicio por tráfico de influencias, Samuel Alvarado López y Eliot Imeri Díaz, por su presunta intermediación en el negocio.
Santiago de León sigue a cargo de su judicatura mientras se tramita el proceso en su contra, sin embargo el MP apeló esta medida y busca que sea enviado a prisión preventiva.
La jueza Jisela Reinoso Trujillo se encuentra sindicada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por un incremento presuntamente injustificado de su patrimonio. También es sindicada por incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial desde marzo de 2004.
Reinoso solicitó en fecha reciente ser beneficiada con libertad condicional, pero este requerimiento aún deberá ser evaluado por el juez a cargo del caso.
PLAZAS FANTASMA: UN CASO EN AMPLIACIÓN
De acuerdo con las investigaciones de CICIG y MP, durante la administración de Pedro Muadi, el Congreso contrató durante seis meses a 25 personas que ya laboraban en la empresa privada de seguridad, propiedad del diputado.
El Congreso depositaba un salario de alrededor de Q8 mil en cuentas de los trabajadores, pero el dinero era administrado por la secretaria de la empresa de Muadi, quien tenía su firma registrada en las cuentas bancarias y tenía en su poder sus chequeras, según las pesquisas.
Por este caso, 32 personas enfrentan proceso, de las cuales solo 2 han sido enviadas a juicio. De acuerdo con la Fiscalía, el caso va incluyendo a más sospechosos a medida se va avanzando en las investigaciones.